Nuevo pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

Este 28 de septiembre se conmemora el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, fecha en que nuevamente en la Argentina se reclama por el urgente tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese marco, en Concepción del Uruguay tuvo lugar un pañuelazo en Plaza Ramírez donde se convocaron organizaciones feministas de la ciudad.

Por CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES DIGITAL

Manteniendo los cuidados necesarios que requiere el distanciamiento social obligatorio, un nuevo pañuelazo tuvo lugar en el centro de la ciudad como jornada de lucha en reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tras el histórico tratamiento en 2018 donde se obtuvo la media sanción en Diputados pero no así en Senadores, un nuevo proyecto de IVE fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en 2019 pero hasta el momento espera por su tratamiento parlamentario.

Durante el pañuelazo tuvo lugar un breve acto con micrófono abierto donde las organizaciones compartieron sus documentos. Desde el colectivo Brujas Insurrectas afirmaron: “Nuestra lucha por lograr los derechos de privacidad y autonomía de nuestras cuerpas no son una moda, sino el resultado de ver morir a millones de mujeres a causa de abortos clandestinos e inseguros y a otras cientos ser criminalizadas”. Además de reclamar por el urgente tratamiento del proyecto de ley, también se exigió por la implementación de la Educación Sexual Integral como así también el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo que actualmente establece el derecho al aborto por causales.

Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzaron un contundente documento donde solicitaron al presidente Alberto Fernández y a legisladores que se aborde el proyecto de IVE, presentado por octava vez durante los 15 años

Por su parte, el colectivo de abogadas feministas Las Violetas apuntaron hacia el funcionamiento de la Justicia: “La capacitación en Perspectiva de Género es indispensable, pero no alcanza, hace falta compromiso, empatía, voluntad y oficiosidad. El acceso a la justicia debe ser efectivo y para todes. Exigimos perspectiva de género en la Administración Pública para que estemos en agenda y las políticas a aplicar sean desde la mirada de las gafas violeta”. En ese sentido, remarcaron la importancia de la aplicación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.

A su vez, desde Plenario de Trabajadoras reclamaron que: “Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Es falso que la legalización del aborto insumiría recursos que hoy se destinan al combate a la pandemia. Por el contrario, es el aborto clandestino –practicado en condiciones de extrema precariedad e insalubridad- lo que lleva a que se destinen numerosas camas de terapia intensiva en la atención de mujeres con riesgo de graves secuelas y hasta de perder la vida”. Al respecto, subrayaron que en el país se realizan más de 400 mil abortos por año.

“Separar a las iglesias del Estado, conquistar el aborto legal y la educación sexual es la verdadera urgencia del momento. Porque el aborto legal no estresa al sistema de salud, estresa a las iglesias. Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión”, agregaron.

“ES URGENTE, ES PRIORIDAD”

Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzaron un contundente documento donde solicitaron al presidente Alberto Fernández y a legisladores que se aborde el proyecto de IVE, presentado por octava vez durante los 15 años que lleva la Campaña en lucha y la cual la integran más de 700 organizaciones de todo el país.

En dicho documento expresaron: “En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios”.

Además, el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 profundizó “los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”. Por otro lado, la penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia las personas que puedan quedar embarazadas sin desearlo, “lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe”.

Finalmente manifestaron: “Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡Exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya!”. (elmiercolesdigital.com.ar)