La estudiante con discapacidad reprobada 13 veces decidió llevar su reclamo a la Justicia

Noelia Romero Pared, la estudiante de 31 años que rindió 13 veces –sin éxito– la última materia que le queda para recibirse de abogada en la sede Gualeguaychú de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), resolvió ir a la Justicia.

Con el asesoramiento legal de la abogada María Marta Simón, en las últimas horas logró que la vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, Ana Clara Pauletti, recepte el planteo. Antes, se habían excusado dos magistrados por sus lazos con la UCU.

Pese a la dilación por parte de las autoridades en darle respuestas, la joven –que tiene una discapacidad motriz– recibió una buena noticia: la universidad le habilitó una mesa de examen para el próximo miércoles 9, para poder aprobar la materia Práctica Forense III. Noelia pide que la universidad adapte algunas de las formas de rendir el examen de acuerdo a sus posibilidades físicas.

Cabe recordar que la última vez que Noelia Romero Pared se presentó a rendir fue el jueves 5 de noviembre y ocurrió lo previsible: no aprobó. Nació con una discapacidad motriz: sufrió hipoxia intrauterina y nació con cuadriparesia, una disminución de la fuerza motora en los cuatro miembros. Ese jueves le pidieron, como parte del examen, que redactara tres escritos para la materia Práctica Forense III. No pudo. No puede. Y, desde la universidad, se niegan de forma cerrada a cambiar la metodología.

Los ajustes que reclama

Su último intento de rendir esa materia que le traba el acceso al título de abogada fue a través de una carta que dirigió a las autoridades de la UCU, el 19 de noviembre.

“Dada la posibilidad de una próxima fecha para rendir la materia Práctica Forense III (única que adeudo de la curricula para recibirme de abogada), los resultados de los 13 exámenes rendidos, la falta de comunicación con alguna propuesta por parte de la facultad, y la actitud inflexible en cuanto a la forma en la cual debo rendir la materia, realizando el examen diseñado por la cátedra (la única que da la materia en la facultad), vengo a solicitar los siguientes ajustes:

– Que habiendo aprobado el Multiple Choice en el examen del día 5 de noviembre de 2020, cuando por primera vez se me permitió oralizar las preguntas y las respuestas para analizarlas y contestarlas, ajuste dispuesto en ese momento por el tribunal que me tomo, compuesto por el Dr. Martín Céspedes, Martín Migueles y Romina Sánchez Silveyra, no se me exija en la próxima fecha que deba volver a rendirlo nuevamente, dándose por aprobada esa parte del examen.

– Con respecto a la parte práctica del escrito, propongo que se me permita redactar un trabajo por día de los que imponga el examen, con un asistente de tipeo de mi confianza, permitiéndome descansar, como lo he pedido en notas anteriores.

– Atento la gran repercusión que ha tomado este caso, solicito también el acompañamiento de dos veedores que se han ofrecido voluntariamente a participar en ese carácter: el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychu.

-También solicito que no estén presente en el examen el Dr. Eduardo Maiztegui Marcó ni la Dra Romina Sánchez Silveyra, quienes han tenido declaraciones públicas sobre este caso y sobre mí.”

En su presentación ante las autoridades universitarias, la estudiante plantea que lo que pide “no es ni más ni menos que los ‘ajustes razonables’ a los que hace expresa referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006) que luego de ser suscripta y ratificada por la República Argentina, ha sido incorporada al bloque de convencionalidad de la Constitución Nacional”. Se trata, agregó, de “simples ajustes en las ‘formas’ de rendir el examen, adaptadas a mis posibilidades físicas afectadas por la discapacidad que he acreditado antes de ahora que no implican afectar ni el contenido ni los aspectos sustanciales del examen a rendir”.

Y dice que su denegatoria constituye “una grave discriminación en razón de mi discapacidad y por ende una clara violación a los Derechos Humanos”.

Le respondió Yamil Bechir, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU, que le contestó: “Siempre se ha respetado los tiempos de los alumnos y así continuaremos trabajando, coordinando oportunamente con el tribunal evaluador”.

“Hay un prejuicio conmigo y con la discapacidad”, dice Noelia. “Incluso hay un prejuicio de toda la Facultad respecto de mi condición”, asegura. “Me dicen que no apruebo porque no tengo capacidad intelectual para hacerlo. Pero si fuese así, ese tema habría aparecido antes, cuando empecé a cursar, y no ahora, cuando intento recibirme. Si vos ves mi analítico, te das cuenta de que no es así. Mis notas no son nada diferentes a la de cualquier otro estudiante que podríamos llamar ‘normal’. Ellos, al cuestionar mi capacidad intelectual están cuestionando mi capacidad para ejercer la profesión”, sostiene.

Fuente: Entre Ríos Ahora