Empleado municipal que pidió licencia psiquiátrica mientras viajaba por Europa fue sobreseído

Un abogado municipal de Paraná fue denunciado en marzo 2020 por ausentarse de su trabajo con una licencia psiquiátrica mientras se encontraba de viaje por Europa.

Un año después, la Fiscalía desistió de la acusación contra el municipal, la psiquiatra que extendió el certificado y otra empleada, por no haberse comprobados los hechos imputados.

Por el contrario, la jueza Marina Barbagelata sostuvo que en la causa surgió “la clara ilicitud laboral y administrativa”, donde la médica confeccionó un certificado “a la medida de la necesidad del viaje de F. y no de su tratamiento”. No obstante, sugirió que debe abordarse el conflicto en la sede administrativa. Tras la apelación de la defensa, el vocal Elvio Garzón dictó el sobreseimiento por el retiro de la acción penal por parte del Ministerio Público.

El caso

La denuncia apuntaba que el abogado F. presentó un certificado médico suscripto por la psiquiatra G., que aconsejaba el uso de licencia a partir del 28 de febrero de 2020 y por el término de 15 días, por padecer patologías psiquiátricas. El documento médico fue presentado el 2 de marzo de 2020 por el padre de F. Luego se supo que el 10 de ese mes el agente municipal regresó al país tras un largo paseo por el Viejo Continente. Lo imputaron por estafa en perjuicio de la administración pública, igual que a la médica.

También fue acusada C., una empleada jerárquica del área de Sumarios, que informó a la Secretaría Legal del municipio que el abogado hizo uso de su licencia anual ordinaria del 5 al 28 de febrero y que cuando se tenía que reincorporar, el 2 de marzo, asistió a la Dirección de Salud Pública Municipal y entregó el certificado. Pero aquel día dicha dependencia estaba cerrada y además se indicó que ella sabía que F. no estaba en el país.

La Fiscalía llevó adelante varias medidas de investigación, como testimoniales y el secuestro de documentación relevante para el caso.

En su defensa, F. dijo que “toda esta denuncia es una persecución personal por parte de Testa” (secretario Legal) por no acoplarse a medidas impartidas desde el cambio de gestión. Al tiempo que explicó los problemas por los cuales la psiquiatra le dio la licencia, y que si bien ya tenía planeado el viaje, la médica le prescribió el mismo como parte del tratamiento.

El certificado indicaba “no estar en sus tareas laborales por 15 días”, a partir del 28 de febrero de 2020.

Finalmente, la Fiscalía entendió que los hechos les fueron atribuidos a F., G. y C. “no resultan constitutivos de ilícito penal” y solicitó el sobreseimiento junto con la defensa.

“Este conflicto debe ser abordado”

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, rechazó el pedido al plantear que “la presentación del Ministerio Público Fiscal adolece de graves errores dogmáticos y yerra también en la causal en la que funda el pedido de sobreseimiento de los imputados”.

“Los hechos atribuidos sí encuadran en figuras penales, puesto que sí es estafa o tentativa de estafa a la administración pública, cobrar –o pretender cobrar– los haberes pese a no cumplir con la contraprestación del trabajo”, aseguró la magistrada, y agregó: “También encuadra en una figura penal el accionar de una médica que da un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia de una enfermedad”, aunque “no es estafa sino falsificación de documentos”.

Sobre C., refirió que “presentó en la Dirección de Salud Pública Municipal el certificado sabiendo que lo consignado en el documento era falso porque sabía que era imposible que G. hubiera visto a F. el 28 de febrero ya que sabía que no estaba en la ciudad”.

No obstante, la jueza aclaró que esto no significa necesariamente que los hechos están probados.

“Considero que resulta absolutamente insuficiente para considerar probada la existencia de la patología en los dichos de la coimputada G., a quien se le atribuye haber confeccionado un certificado médico en el que falsamente consignó que el 28 de febrero de 2020, F. presentaba un cuadro (detalla el diagnóstico) por lo que aconsejaba que no estuviera en sus tareas laborales por 15 días. La falsedad de ese certificado es no sólo palmaria sino que la propia imputada reconoció la falsedad de la fecha, al menos. Pero esto permite establecer que la médica no sabía cómo estaba F. el 28 de febrero de 2020, porque su paciente se encontraba en Europa”.

Respecto del accionar de la psiquiatra, la magistrada no se guardó críticas: “Aparece como una práctica como mínimo indolente de una psiquiatra que con base en un solo encuentro con un paciente le extiende un certificado diagnosticando una patología que requería no estar en sus tareas laborales por 15 días, pero en vez de indicárselo inmediatamente como lo indica la lex artis, si es que efectivamente tenía esa dolencia y ese era el tratamiento, lo posdata casi dos meses, en un ejercicio a todas luces poco serio y poco profesional, y que se agrava si se tiene en cuenta que la médica reconoce que después lo siguió por teléfono”.

En este sentido, agregó: “Surge evidente que el certificado estuvo confeccionado a la medida de la necesidad del viaje de F. y no de su tratamiento; que F. necesitaba el certificado para completar con licencia con goce de haberes un viaje que duraba más que los días de licencia ordinaria que tenía, debido a que había perdido el vuelo del viaje originariamente organizado”.

Asimismo, Barbagelata señaló que “es posible concluir que el pedido de licencia médica se organizó teniendo en cuenta el funcionamiento de la Municipalidad que concede las licencias con la sola presentación del certificado médico y que no tiene un sistema de auditorías para controlarlas realmente”.

Por último, la jueza de Garantías sostuvo: “Este conflicto claramente debe y puede ser abordado y resuelto eficazmente en la sede administrativa propia de su origen, con herramientas y sanciones propias de tal ámbito”.

Fueron sobreseídos

La defensa de los imputados apeló la resolución de la jueza y el vocal del Tribunal Elbio Garzón la anuló. No analizó los hechos imputados, sino que fundamentó en que “los jueces no pueden –si las partes habilitadas para ello no lo hacen– avanzar en la investigación, prosecución o juzgamiento de una causa por su sola voluntad”.

En esta línea agregó: “Así por ejemplo, acusar o no hacerlo, imputar a una persona y no a otra no son ni pueden ser cuestiones revisables por los magistrados”.

En este caso, el vocal refirió que los fiscales merituaron las pruebas “y llegaron a la conclusión –en base a los fundamentos esgrimidos– de que los imputados no cometieron ningún hecho ilícito”, lo cual “implica lisa y llanamente un abandono o desistimiento de la acción penal por parte del único y exclusivo titular de la misma, independientemente del encuadre procesal que le dieron a su solicitud”.

Por esto, Garzón dictó el sobreseimiento de las tres personas.

Fuente: Entre Ríos Ahora