Pablo Seró habló de las clases presenciales, el crecimiento del narcotráfico y si los jueces deben o no explicar sus sentencias

“Hay personas sin antecedentes que se volcaron al delito del narcotráfico”, es la frase que eligió Matías Dalmazzo para resumir lo que el juez federal con asiento en Concepción del Uruguay le dijo en una entrevista. No es frecuente que conceda ese privilegio a la prensa, por lo que sus declaraciones cobran más importancia.

Seró concedió una entrevista

A más de un año de las medidas impuestas para minimizar el impacto de la actual pandemia mundial, la Justicia Federal continúa realizando un trabajo muchas veces silencioso, debido a que la actualidad demanda otras urgencias al común de la sociedad.

Pese a esto, vale la pena realizar un recorrido profundo de las tareas que se vienen desarrollando diariamente desde el juzgado Federal Número 1, ubicado en la esquina de calles Galarza y Supremo Entrerriano en Concepción del Uruguay.

La palabra del juez federal, fuera de los fallos judiciales, prácticamente se desconoce. Este domingo, diario “La Calle” accedió a una entrevista con el doctor Pablo Seró, juez federal con competencia Criminal y Correccional en ocho departamentos de la provincia: Uruguay, Colón, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, San Salvador y Feliciano.

Educación: a favor de la presencialidad

“Una vez jubilado, me gustaría volver a ejercer la profesión”, confesó en un tramo intimista de la entrevista. También habló de su rol docente: “en materia de educación, la presencialidad es muy importante. En la docencia soy de la guardia vieja, utilizo el pizarrón y el marcador”, dijo y reiteró: “soy un ferviente defensor de la presencialidad”.

Consultado sobre el actual contexto de pandemia y las posibles medidas que afecten el normal desarrollo de actividades, Seró reflexionó: “el derecho a la vida debe prevalecer por sobre la educación, pero sin descuidarla. Esto lo digo como ciudadano, no estoy de acuerdo que se deban tomar seis o siete meses para planificar cómo seguimos respecto de la educación”.

Menos trabajo, más narcotráfico

Al hablar de su rol en el Juzgado Federal, se le preguntó ¿cuáles son los delitos que se han multiplicado durante este último año? y respondió: “Siempre mantuvimos una especie de tarifa plana respecto de los delitos que nos incumben, pero el narcotráfico se ha incrementado ¿Por qué? A falta de medios para conseguir un trabajo honrado, se acude a una actividad ilegal que genera dividendos inmediatos y con poco esfuerzo, como es la venta al menudeo de droga”.

Amplió luego que “hay personas sin antecedentes que se volcaron al delito del narcotráfico; principalmente como encargados del transporte de la droga. Se han quedado sin trabajo y se volcaron a esta actividad ilícita”.

Los jueces y sus fallos

“Que un juez deba dar explicaciones de su sentencia me parece algo que realmente no corresponde, ya que el sistema legal está así establecido”, reflexionó luego en otro tramo de la entrevista periodística respecto a si un magistrado debe dar explicaciones de sus fallos.

Y también dijo “no me parece mal que un juez pueda hablar sobre cuestiones que no arrojen ningún peligro hacia las causas que lleva adelante. Sí es peligroso que un juez diga públicamente que los casos así deben ser juzgados de tal manera, ya que está adelantando opinión sobre cómo piensa respecto de esos casos”.

Narcomenudeo

El narcomenudeo y el modo en que se lo combate en Entre Ríos, mereció su reflexión: “Me parece bien una división entre narcomenudeo y narcotráfico a gran escala, ya que eso descongestiona la labor federal y le da participación a la justicia local en el conocimiento de datos de la zona, los cuales son muy importantes”.

“Hoy en día me parece muy buena esta convivencia, ya que la jurisdicción de este juzgado Federal siempre trabajó muy bien con todas las fuerzas de seguridad, pero en particular con la División de Toxicología de la policía de Entre Ríos. Tenemos un mecanismo muy aceitado”, destacó al respecto.

La entrevista completa

-¿Qué lo llevó a aceptar el desafío de ser juez federal y de alguna manera perder libertades familiares?
-Fue una decisión, en principio personal, pero que necesariamente implica a la familia por el tipo de cargo que es. Siempre me interesó todo lo referente a la justicia federal y me atrajo más la materia penal, por lo cual opté por concursar este cargo. Tuve 18 años dentro de la profesión de abogado y sobre el final de esa etapa me dediqué a cuestiones de índole federal. Según mi punto de vista, la mayoría de los abogados en ejercicio, tiende a perfilar su última etapa hacia un puesto en la justicia. De todas formas, una vez jubilado, me gustaría volver a ejercer la profesión.

-Durante su actividad como abogado ¿Siempre estuvo dentro del rubro penal?
-En el último tiempo sí, pasa que en ciudades como estas, que no son grandes, no se puede decir desde el inicio me dedico sólo a esto. Cuando doy clases suelo decirles a los alumnos que cuando uno empieza a ejercer la profesión, abre una suerte de almacén de ramos generales y empieza a hacer de todo. Luego uno empieza a perfilarse hacia lo que le gusta, si tiene la posibilidad. A mí me pasó que me gustó mucho el derecho penal y la competencia federal.

-Mencionó su costado docente ¿Cuánto cree que afectó la actual pandemia a la educación? ¿Cree que la virtualidad puede sostenerse en el tiempo?
-Siempre soy partidario de la presencialidad, no de la virtualidad. No estoy confrontado con las plataformas virtuales, ya que durante toda la pandemia la justicia viene trabajando con toda clase de plataforma. Prácticamente todas las audiencias son virtuales. Pero, en materia de educación, la presencialidad es muy importante. En la docencia soy de la guardia vieja, utilizo el pizarrón y el marcador. No suelo usar placas de PowerPoint y demás; ya que el docente debe tener participación, pero el protagonista debe ser el alumno, algo que no se está logrando hoy por la distancia que impone la virtualidad. Por más que pida que se conecten con video y que mantengan abierto o no el micrófono, el alumno y el docente marcan una distancia con la virtualidad, algo que no se ve con la presencialidad.
Seguramente la presencialidad, ante la situación inminente que estamos viviendo, va a encontrar un límite sobre mediados de año y veremos si se mantiene un sistema híbrido. Veremos qué pasa, esto es un día a día; pero soy un ferviente defensor de la presencialidad.

-¿Cree que más allá de la situación pandémica, se puede sostener este esquema de educación virtual o con burbujas?
-Excede mi incumbencia, pero hay una ponderación de dos valores jurídicos: el derecho a la educación e integración, y el derecho a la vida. Siempre hay un conflicto cuando uno tiene que decidir. Si bien la vida es prácticamente lo más importante que hay, la educación y la libertad son muy importantes también. La antítesis de la educación, la ignorancia, es la condena a la esclavitud de un pueblo. Se debe pregonar la educación y la integración; que la persona tenga voz y voto en cada decisión que se tome, tanto en lo individual como lo colectivo.
Si la situación pandémica avanza, tal y como se está anticipando en estos días, el derecho a la vida debe prevalecer por sobre la educación, pero sin descuidarla. Esto lo digo como ciudadano, no estoy de acuerdo que se deban tomar seis o siete meses para planificar cómo seguimos respecto de la educación. Ya tenemos una experiencia del año pasado, probablemente las autoridades correspondientes ya puedan estar en condiciones de tomar una decisión al respecto.

-Más allá de la notable cantidad de incumplimientos al DNU presidencial vigente ¿Cuáles son los delitos que se han multiplicado durante este último año?
Siempre mantuvimos una especie de tarifa plana respecto de los delitos que nos incumben, pero el narcotráfico se ha incrementado ¿Por qué? A falta de medios para conseguir un trabajo honrado, se acude a una actividad ilegal que genera dividendos inmediatos y con poco esfuerzo, como es la venta al menudeo de droga. Esta actividad, con el hábito, genera formación de proveedores de drogas. En este terreno hemos visto incrementado el comercio de drogas. Además se multiplicaron los traslados de droga desde Misiones a provincia de Buenos Aires, lo que quedó demostrado con la gran cantidad de procedimientos que hicimos en los últimos meses. Pero por sobre todas las cosas, que no es jurisdicción nuestra y que se está viendo en todo el país, se han incrementado los delitos contra la propiedad. La justicia ordinaria puede dar cuenta de lo que estoy afirmando. Esto se vio en un panorama nacional, del cual Entre Ríos forma parte.

-¿Existe un incremento marcado de personas que empezaron a delinquir durante la pandemia y que no contaban con antecedentes?
-Sí, definitivamente es así. En lo que respecta a los delitos que abordamos desde la justicia federal, en muchas causas judiciales en curso hay personas sin antecedentes que se volcaron al delito del narcotráfico; principalmente como encargados del transporte de la droga. Se han quedado sin trabajo y se volcaron a esta actividad ilícita.
Imagino que al leer una causa te das cuenta cuando estás ante un ciudadano sin demasiada experiencia en el delito. Si bien tu cargo de juez implica juzgar a todos los ciudadanos con la misma ley, estimo que estos casos te deben generar una sensación interna distinta o tal vez estoy equivocado…
El que dice que un caso así no afecta personalmente, no tiene la razón. Pero por otro lado, a través de la experiencia de tantos casos, uno se va formando una especie de caparazón para no ser afectado por esto. De todas formas, necesariamente el juez, en su sana crítica y en la interpretación de la ley aplicada al caso concreto, no puede dejar de ver ni obviar la situación personal de ese sujeto que está atravesando el proceso judicial.
En principio la investigación toma a una persona que presumiblemente participa de un delito y queda implicada en la causa. Este es un análisis prioritario: el sujeto que ingresó aquí por algún motivo ¿merece ser sometido a un proceso penal? No olvidemos que muchas veces, ante un riesgo procesal de evadir la justicia o entorpecer la investigación, la persona debe cumplir una prisión preventiva (en un penal o en su domicilio) mientras se desarrolle el proceso.

-Existe una polémica instalada, principalmente desde los medios de comunicación y el arco político, donde se intenta determinar si los jueces deben o no dar explicaciones sobre sus sentencias ¿Cuál es su postura?
-Soy un juez de primera instancia y la Corte Suprema de la Nación es la encargada de dar la última opinión sobre determinados casos. Hay que hacer un distingo de diversas cuestiones. Nos encontramos en un sistema republicano que impone la obligación a los jueces de hablar a través de su sentencia, pero no debemos olvidarnos que somos personas de carne y hueso; ciudadanos que votamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela. Ahora, que un juez deba dar explicaciones de su sentencia me parece algo que realmente no corresponde, ya que el sistema legal está así establecido.
Por otra parte, no me parece mal que un juez pueda hablar sobre cuestiones que no arrojen ningún peligro hacia las causas que lleva adelante. Sí es peligroso que un juez diga públicamente que los casos así deben ser juzgados de tal manera, ya que está adelantando opinión sobre cómo piensa respecto de esos casos y eso lo coloca ante un gran problema, que es la prejudicialidad. Por otro lado, la Corte Suprema tiene dicho hace muchos años, que hay cuestiones políticas que no son judicializables.
Recuerdo una jornada en la Universidad de Buenos Aires, donde hubo un panel de jueces y abogados, quienes hablaron directamente de la participación judicial en las políticas de estado. En dicho evento se refirieron a la falta de prejuicios de que los jueces opinen de algunas cuestiones determinadas del ámbito político. Yo no participo de esa postura. Sí creo que un juez, en un ámbito familiar o de amigos, puede discutir una cuestión política como cualquier persona; pero no debe hacer declaraciones públicas, ya que esto lo puede enrolar de alguna manera con tal o cual posición. Me parece indecoroso y veo que otros lo han hecho en algunas oportunidades. No la comparto, pero respeto esta posición, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Tampoco lo veo tan imposible, hay que intentar buscar un punto medio.

-¿Dónde debería estar el mayor esfuerzo del estado para combatir el comercio ilegal de drogas, en causas relacionadas al narcotráfico o al narcomenudeo?
En la provincia tenemos una cuestión muy particular respecto de esto, ya que la primera ley de narcomenudeo que se sancionó fue declarada inconstitucional por un juez federal de Paraná y por mí. Ambos declaramos la inconstitucionalidad de esa primera ley, la cual quedó sin efecto, ya que en realidad la sentencia de un juez no es una ley del congreso. Una ley deja de perder sus efectos, cuando otra la deroga. En este caso, la sentencia que dictó la inconstitucionalidad de la ley, hace que ese caso particular no prosiga. Esto marca un precedente para casos similares, donde los posteriores actos de narcomenudeo iban a ser declarados inconstitucionales; lo que también sucedió con el tiempo, ya que tuvimos varias declaraciones de inconstitucionalidad.
En razón de esto, en Entre Ríos se gestó un foro de consenso multidisciplinario. Debido a esto, junto al juez federal de Paraná, fuimos citados a la Cámara de Senadores de la provincia, para dar nuestra opinión sobre el tema y expusimos sobre lo que creíamos conveniente para la creación de la ley del narcomenudeo. Hay un artículo de la ley de estupefacientes que abre una puerta a la desfederalización de la ley de estupefacientes. Hablamos sobre lo que creíamos conveniente, ya que realmente los recursos son pocos y muchas veces vamos detrás del delito del narcotráfico.
A diferencia de otros delitos, el narcotráfico se investiga mientras se está cometiendo; no se hace una reconstrucción histórica de un hecho. Por ejemplo, en un homicidio, tengo un cuerpo fallecido y debo reconstruir el hecho hacia el pasado, para recolectar todas las pruebas posibles. Al narcotráfico lo investigo a medida que se está cometiendo, veo que se está cometiendo y escojo el momento en el cual actuar para frenarlo.
A mí criterio hay que juzgar desde la experiencia. Muchas veces hemos hecho prevención, cuando en realidad nos tenemos que dedicar a actuar ex post facto: sucedido el hecho, se debe sancionarlo. Me parece bien una división entre narcomenudeo y narcotráfico a gran escala, ya que eso descongestiona la labor federal y le da participación a la justicia local en el conocimiento de datos de la zona, los cuales son muy importantes.
Hoy en día me parece muy buena esta convivencia, ya que la jurisdicción de este juzgado Federal siempre trabajó muy bien con todas las fuerzas de seguridad, pero en particular con la División de Toxicología de la policía de Entre Ríos. Tenemos un mecanismo muy aceitado, con investigaciones en curso, lo que demuestra que junto a la fuerza provincial de seguridad, también trabajamos contra el narcotráfico a gran escala. Pueden convivir las dos leyes, narcotráfico y narcomenudeo, con sus respectivas investigaciones.

-¿En qué etapa de debate provincial se encuentra el uso medicinal del aceite de cannabis sativa? ¿Está aprobado?
-En Nación sí está aprobado, en la provincia se está tratando para ver si se toman en cuenta los parámetros vigentes en el ámbito nacional. El Estado creó un aparato, con participación de distintos entes (INTI, INTA y ANMAT) que monopolizan la distribución con fines medicinales, desprovisto de THC, que es el factor alucinógeno. Además, la ley nacional dispone la posibilidad de importación del aceite, ante un escenario donde el estado no pueda garantizar el abastecimiento de este producto con fines medicinales. Para esto hay una serie de requisitos: tener una patología determinada y un historial médico, hacer los trámites aduaneros correspondientes y contratar un despachante de aduana.

-Debido a la geografía de la zona ¿es Concepción del Uruguay una zona complicada con respecto al contrabando?
-Soy consciente que Prefectura Naval Argentina hace hasta lo imposible para combatir este problema y la aduana cuenta con algunos lugares habilitados para poder hacerlo, pero el contrabando no necesariamente ingresa por la frontera húmeda. La ruta 14 es muy larga, el contrabando que viene de otras zonas y muchas veces es interceptado en tránsito. En la región tenemos muchos casos de contrabando menor, donde el aforo o valor que le establece la aduana a la mercadería incautada no supera una condición objetiva de punibilidad. Esto finalmente deriva en un trámite administrativo de aduana, no como una causa judicial penal. Es un delito que se convierte en infracción aduanera.Fuente: Matías Dalmazzo para diario La Calle.