Además, buscará fomentar “medidas de patriotismo” como que más alumnos prometan la Bandera en los cuarteles de las Fuerzas Armadas, repartir escarapelas y participación de las bandas militares en actos públicos.
El servicio militar obligatorio, conocido como “la colimba”, fue abolido por el ex presidente Carlos Menem en 1994 por el caso del asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco y, según opositores, para ganar votos para su reelección.
Otro de las medidas “es recuperar el nivel de los liceos militares” que estuvieron cerca de ser cerrados durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y normalizar el sistema de ascensos en el Senado que tiene un retraso de dos años. Así como movilizar militares para ayudar a la Gendarmería en el control de fronteras en base a un decreto de Perón de 1944, entre otras medidas, para que las FF.AA. vuelvan a ser un «poder de disuasión» y así garantizar la paz.
Los anuncios los hizo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa, general Claudio Pasqualini durante un almuerzo del Rotary Club porteño, al exponer sobre la “Modernización de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto de la situación política mundial”.
Pasqualini, ex jefe del Ejército licenciado en Estrategia y diplomado en Defensa Nacional, explicó que en un mapa mundial de zonas de guerra (Ucrania y la Franja de Gaza, en negro) y paz (en blanco), la Argentina se encuentra en una “zona gris” por las amenazas y conflictos potenciales.
Cumpliendo con la política fijada por el ministro de Defensa, Luis Petri, Pasqualini, también, dijo que “próximamente” saldrá un decreto del presidente Javier Milei derogando el decreto 727 del 2006 para facultar a las FF.AA. a enfrentar no solo a las “fuerzas armadas de otros estados” sino a amenazas como hipotéticamente grupos terroristas como Hamas o fuerzas mercenarias como el grupo Wagner de Rusia.
Se trata de la llamada doctrina Garré que restringió el uso de las FF.AA. sola ante la agresión de otros estados, incluso hasta llegar a «ser inconstitucional», acotó Pasqualini.
Claudio Pasqualin-Clarín
Ante una pregunta, Pasqualini evitó responder sobre el anuncio que hizo Petri del mes pasado de enviar una ley al Congreso para permitir la participación de militares en la lucha contra el narcotráfico. Y reiteró que le lay de Seguridad Interior sancionada durante el gobierno de Carlos Menem solo permite dar apoyo logístico, de comunicaciones o transporte. Este es un tema en provocó tensión entre Petri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los militares se resisten a luchar directamente contra los narcos.
Pasqualini explicó al diario Clarín que una ley de reservistas supone “unificar los criterios de las tres fuerzas armadas para convocar, en caso de conflicto, a militares retirados, egresados de los liceos militares o soldados conscriptos o voluntarios”. Incluyendo, mecanismos de “preparación y adiestramiento” de los reservistas.
Por otra parte, un proyecto de ley de Movilización Militar para reglamentar, por ejemplo, cómo se harían las requisiciones de vehículos civiles o pedidos de reconversión de industrias para la logística militar. Además, los criterios para definir las zonas de “teatro de operaciones” o de apoyo.
Más adelante, anunció que además de la compra de aviones F 16 a Dinamarca este año habrá “otras compras de equipos grandes” sin dar más detalles al respecto.
En la actualidad, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea gastan la mayoría de sus presupuestos en sueldos y una “mínima parte en adiestramiento, funcionamiento y compra de equipos”. Las FF.AA. tienen el mismo presupuesto que en el 2023.
La prometida equiparación de los sueldos de los militares con los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales, como la Policía Federal, se dará “cuando la situación económica lo permita”.
“El ministro Petri ha puesto en marcha un proceso de revalorización de las Fuerzas Armadas, luego de años de debilitamiento de las instituciones militares a través de la reducción de su presupuesto”, agregó.
En ese sentido, Pasqualini citó al presidente de Brasil Lula Da Silva cuando dijo sobre el golpe de Estado de 1964 contra el presidente democrático Joao Goulart: que no quería “detenerse” en este capítulo de Brasil y que es necesario “proyectar el país hacia adelante”.
