Los comicios generales del 22 de octubre del año pasado configuraron un nuevo tablero político en Entre Ríos. El cambio trascendental en la oficina estelar de Casa Gris, con el triunfo del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, continuó con la alternancia en municipios que eran administrados por el Partido Justicialista (PJ), como Concordia y Gualeguaychú, que son ciudades cabeceras del segundo y tercer departamento más importante de la provincia en materia de electores. En esa sintonía, el peronismo también fue derrotado en otras intendencias, que gobernaba previamente, como Diamante, Federal, San Salvador, General Campos, Seguí, Villa Clara, Ibicuy, Herrera, Gilbert y Larroque. A la par, perdió de manera constante y significativa el caudal de votos en localidades que hace tiempo conduce la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y distintas experiencias vecinalistas, como Gualeguay, Chajarí, Rosario del Tala, Nogoyá, Crespo, Colón y Villa Elisa.
Las consecuencias de ese derrotero prosiguieron con la composición de la Cámara de Diputados de la provincia, donde Juntos por Entre Ríos posee 18 representantes, por la cláusula de gobernabilidad, mientras que Más por Entre Ríos, el sello que llevó al ex intendente de Paraná, Adán Bahl, como candidato a la gobernación por el peronismo, tiene 11 bancas. Como explicó Punto y Seguido, la columna de LA CALLE, el panorama es diferente en el Senado de la provincia, donde la coalición opositora contabiliza nueve escaños, en tanto el oficialismo cuenta con ocho espadas legislativas. Los nombres del justicialismo en la Cámara Alta son el jefe de la bancada Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador), Juan Conti (Tala), Juan Cosso (Villaguay), Patricia Díaz (La Paz), Gladys Domínguez (Feliciano), Nancy Miranda (Federal), Claudia Silva (Paraná) y Víctor Sanzberro (Victoria).
El discurso de asunción de Frigerio, seguido por su intervención en la inauguración del 145° período de las sesiones ordinarias, eligieron como enemigo principal al kirchnerismo en particular y al peronismo en general, en una provincia que venía de cinco mandatos consecutivos del PJ (uno de Jorge Busti, dos de Sergio Urribarri y dos de Gustavo Bordet). La construcción simbólica de Casa Gris de un relato asociado a lo nuevo y al cambio, necesitaba de un chivo expiatorio como referencia antagónica, similar a la utilización del concepto de la casta del presidente Javier Milei. Las primeras definiciones del Mandatario de Entre Ríos, vinculadas a la reducción de ministerios, a la eliminación de las subsecretarías del organigrama gubernamental, a la disminución de contratos y a la reubicación de la flota de vehículos oficiales, forman parte de esa edificación identitaria, con gestos a los electorados más duros de la extinguida alianza Juntos por el Cambio y a los votantes que optaron por el líder libertario en el balotaje del pasado 19 de noviembre.
Gobernabilidad u oposición
Los primeros meses de cualquier gestión comprenden un período de gracia que se vincula con la legitimidad popular construida en la campaña, en la plataforma de gobierno y en las urnas. Ese respaldo en el cuarto oscuro se transforma en capital político cuando asume una nueva administración y desafía a las fuerzas opositoras, especialmente aquellas coaliciones que fueron antecesoras en la conducción del Poder Ejecutivo, respecto al equilibrio necesario entre el resultado reciente de los comicios y la función imprescindible como contrapeso político.
Los primeros meses del mandato de Frigerio en Casa Gris tuvieron el acompañamiento unánime en ambas cámaras del Poder Legislativo de la provincia. Esa armonía estuvo reflejada en la adhesión uniforme al proyecto de Ley que crea el Régimen Legal de Transición de Gobierno, con el propósito de fijar precisiones, obligaciones y características del período que transcurre en el cambio de mando del sillón de Urquiza. La misma consonancia existió en la normativa que dispuso la Emergencia pública en materia Educativa en todo el territorio entrerriano hasta el 31 de diciembre de este año, con el objetivo de dar respuestas a las deficiencias en las instalaciones edilicias y de infraestructura de las escuelas, realizando obras de refacción y ampliación de los inmuebles, como también de implementar un plan de alfabetización para la educación obligatoria.
En el Senado, donde el justicialismo tiene una ventaja mínima, Frigerio logró el apoyo homogéneo para propuestas más técnicas de la gestión, como la modificación de la Ley de Ministerios Nº 10.093, que permitió la reformulación organizacional y funcional del gabinete, pero también para la mencionada Emergencia Educativa y la reforma del Código Fiscal y la Ley Impositiva.
Esa supuesta armonía legislativa entre el oficialismo y la oposición, se vio trastocada por el conflicto abierto en la reunión de labor parlamentaria de la Cámara Baja, entre el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, y la jefa de la bancada de Más por Entre Ríos, Laura Stratta, que terminó con una denuncia judicial por violencia institucional de género. Esa situación derivó en la suspensión de la sesión del Senado y en la postergación del tratamiento del proyecto que fija la emergencia en la obra pública y en la situación vial de la provincia.
Prédica de la unidad
El martes pasado, la Cámara Alta dio media sanción a la mencionada iniciativa, con el acompañamiento unánime del peronismo, aunque una ausencia abrió distintas especulaciones. Claudia Silvia, esposa de Bahl, no estuvo presente por una cuestión de salud, ya que tiene dengue. Las suspicacias se dieron porque algunas voces en off afirmaban que la reemplazante de Hugo Maín iba a votar en contra de la iniciativa de Casa Gris.
Más allá de alguna crítica del ex intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y del senador Víctor Sanzberro, el tratamiento y la posterior aprobación no tuvo mayores reparos. Aunque las argumentaciones del oficialismo sobre el proyecto de emergencia se respaldan en la herencia recibida y en la supuesta falta de transparencia de los procesos licitatorios de obras en gestiones anteriores, el comportamiento de los bloques provinciales del peronismo ha sido de adhesión a la agenda legislativa y de acompañamiento institucional de gobernabilidad al Ejecutivo.
Salvo algunas voces puntuales, no hubo respuestas orgánicas o planificadas desde la coalición peronista a los cuestionamientos y la confrontación del oficialismo. Tampoco la solidaridad del justicialismo entrerriano, de sus bancadas legislativas y de la Liga de Intendentes, ante los desplantes y el desfinanciamiento de fondos de Casa Rosada a las provincias, logró un gesto amigable del Gobernador y de la alianza Juntos por el Cambio.
Como explicó LA CALLE, el proyecto de Ley de emergencia, que obtuvo media sanción el martes pasado, tiene como fin la reestructuración de las obligaciones y las condiciones de las contrataciones de la obra pública, el pago de deudas y sus intereses, y la recuperación de la trama vial provincial. Luego de la aprobación en el Senado, ayer la comisión de Obras Públicas y Planeamiento de la Cámara de Diputados inició el tratamiento, con la intervención del ministro de Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher. Después de la concreción del dictamen, el próximo paso es la sanción definitiva, en una sesión convocada para hoy a las 16 horas.
100 días después de la asunción de Frigerio, el peronismo debate los alcances de su rol opositor y los límites de su apoyo institucional al Ejecutivo provincial. Algo diferente a la discusión interna que atraviesa la oficina principal de Casa Gris, entre el alineamiento absoluto a Milei y la defensa de los recursos y las necesidades de Entre Ríos. El justicialismo precisa un posicionamiento más duro mientras la Casa Gris busca ser el articulador de la relación de La Libertad Avanza con las jurisdicciones, especialmente los diez gobernadores que provienen de Juntos por el Cambio.
Por lo pronto, el Senado es el lugar de mayor paridad, con una leve ventaja numérica para la oposición, que por ahora no fue utilizada para generar una agenda legislativa propia o para marcar la cancha sobre el alineamiento de Casa Gris con las políticas libertarias. La incógnita crucial es desentrañar si tiene vencimiento ese tiempo de gracia y de ayuda a la gobernabilidad. Algunos miran el final del primer semestre, casi como una respuesta déjà vu, aunque un ojo se encuentre puesto en las consecuencias del programa nacional y el otro en los plazos y horizontes hacia 2025.
