El presidente del Bloque Más para Entre Ríos en el Senado, Martín Oliva, se refirió a la situación que atraviesa el Estado provincial y los municipios como consecuencia de la paralización de las obras que se ejecutaban en la provincia y que la Nación decidió cancelar.
El senador dijo que hasta el momento ya se han iniciado 128 juicios contra el gobierno provincial, IAPV y Vialidad, “de los cuales la mitad ya tienen medidas cautelares y sentencias, lo que impide el normal desenvolvimiento y el cumplimento de obligaciones del Estado”.Oliva destacó la colaboración que ha ofrecido en la Legislatura la oposición a la actual gestión. “Hemos dado sobradas muestras de acompañamiento responsable, y esta será una más para evitar que sigan embargando las cuentas del gobierno provincial y los municipios a raíz del recorte de fondos al que la Nación está sometiendo a la provincia”. Además, explicó que “la decisión política de la Nación ha sido muy clara: decirle no a la obra pública y no honrar compromisos asumidos.
Lo que pasa en Entre Ríos sucede en el resto de los distritos en mayor o menor medida. Seamos claros: en promedio nacional la inversión pública cayó el 81,1%. Digamos las cosas por su nombre. No fue Gustavo Bordet, es Javier Milei”, señaló el legislador.
“En este marco, se hace imprescindible dejar en claro que la deuda a la que alude el actual gobierno provincial tiene una composición mayoritaria del Estado Nacional, no del provincial.
Y el contexto de crisis se agrava por la decisión del Presidente no sólo de no pagar, sino de suspender financiamiento para obra pública”, manifestó el ex intendente de Concepción del Uruguay.
Renegociación y frezzer
La declaración de la emergencia pública económica y financiera en materia de obras públicas será limitada al 31 de diciembre de 2024, y quedando exceptuados los contratos de obra pública celebrados por el Estado Provincial con organismos internacionales.
Se faculta a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, y autónomos, como asimismo a los municipios y comunas, a disponer unilateralmente o de común acuerdo, la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra pública, como así también, la suspensión o neutralización de los plazos de obra.La norma faculta al Poder Ejecutivo a cancelar deudas de obras públicas con fondos provenientes de las operaciones de crédito autorizadas por la ley de presupuesto de este año.
Finalmente, se suspenden hasta el 31 de diciembre las ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también, la traba de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra el Estado Provincial.
