Este martes, el magistrado dio a conocer su decisión y afirmó: “Se ordena la suspensión de los efectos de la Comunicación “A” 7782 del BCRA y de sus actos de aplicación, por lo que se le deberá permitir a la actora acceder de manera inmediata al mercado de cambios para la compra de los dólares necesarios, solo para cancelar el vencimiento de deuda del 10.06 del corriente año”.
Además, insistió en que “la medida aquí dispuesta se encuentra justificada en razón de los derechos en juego, ya que de no mediar inmediatez en esta decisión podría provocar efectos jurídicos y patrimoniales inmediatos una vez consumado el incumplimiento, afectando la incorporación de su fuente genuina de ingresos destinados a cumplir y llevar a cabo el cometido estatal”.
“La Justicia Federal se expidió a favor de la Provincia ante la decisión del Banco Central de restringir la venta de dólares para cumplir con los compromisos que oportunamente habíamos asumido”, dijo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, luego de que se diera a conocer la resolución en favor de su reclamo.
El mandatario, quien se encuentra en medio de la escena política por su posible incorporación a Juntos por el Cambio, remarcó también que la disposición del Banco Central “fue una medida ilegal, antifederal y discriminatoria contra las provincias”.
En esa línea, profundizó su cuestionamiento a la iniciativa, al asegurar que “aquellos compromisos asumidos en moneda extranjera han sido autorizados oportunamente por el propio Estado nacional”.
“Este tipo de resoluciones generan un notable perjuicio a la seguridad jurídica, nos quita previsibilidad y nos aleja cada vez más de ser un país normal que avanza con certezas”, enfatizó el mandatario.
Tras la resolución de la Justicia Federal en favor del reclamo de Córdoba, desde el Banco Central, presidido por Miguel Ángel Pesce, confirmaron que apelarán el fallo conocido este martes, en función de preservar la restricción impuesta la semana pasada.
El objetivo de la medida, había precisado la autoridad monetaria, era disminuir la presión sobre las ya bajas reservas en dólares, obligando a las provincias y municipios, con deuda en dólares, a utilizar fondos propios para cancelar el 60% de los vencimientos de capital en 2023.