La reparación del daño ambiental producido por la construcción de un barrio fluvial sobre los humedales de Gualeguaychú sigue frenada. Pese a la sentencia de ejecución impuestas por la Justicia, las tareas de remediación están estancadas desde mediados del año pasado, cuando la empresa responsable, Altos de Unzué SA, comenzó con obras que no fueron comunicadas al magistrado interviniente y por eso fueron objetadas por los litigantes.
Entonces se apuntó que, en lugar de recomponer, los desarrolladores destruyeron aún más el ecosistema, abriendo canales artificiales y desviando el cauce del río Gualeguaychú, so pretexto de continuar con el proyecto inmobiliario Amarras. Tras la feria judicial estival las cosas singuen sin cambios. Según confirmaron extraoficialmente al portal Era Verde, desde la Secretaría de Ambiente se iniciaron gestiones para abrir una instancia de diálogo de las partes, aunque la idea que persistiría en la actual administración es que se cumpla el fallo y el emprendimiento no continúe.
Sentencia confirmada
Con una ejecución de sentencia confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos para que la empresa Altos de Unzué SA restaure los humedales del río Gualeguaychú dañados por la construcción del barrio privado Amarras, la concreción de la manda sigue empantanada en tribunales.
En sus últimas resoluciones, el máximo tribunal entrerriano ha ido en la línea de respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado el 11 de julio de 2019 para “volver las cosas a su estado anterior”, tal como luego lo ratificó el 15 de octubre de 2019. Pero, desde entonces se han sucedido una serie de dilaciones, productos de idas y vuelta con recursos interpuestos en el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, a cargo del juez Ricardo Javier Mudrovici.
Entre los últimos episodios, el 21 de diciembre pasado, los vocales del STJ Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Martín Francisco Carbonell, rechazaron dos pedidos realizados por las partes condenadas que pretendía realizar un Recurso Extraordinario Federal para ir contra una resolución anterior del máximo tribunal. La decisión que se buscaba cuestionar obliga a la constructora Altos de Unzué SA a restablecer el cauce sobre el río Gualeguaychú, que había alterado con la construcción de un canal, que había sido dañado con una pretendida reparación. Esta reparación supuestamente cumplía con la obligación pendiente, porque había sido autorizada por la pasada gestión de la Secretaría de Ambiente provincial, pero no ante el Juzgado de Mudrovici, donde se tramita el cumplimiento, contextualizó el portal Era Verde.
Con el inicio del año judicial, el problema sigue sin resolverse, porque las obras para restaurar el humedal siguen paralizadas. La parte litigante, impulsará que se prosiga con el desmantelamiento del barrio privado. También que se resuelva la impugnación que hubo por la empresa a través de sus abogados patrocinantes –Lucio Valentín De Zan y Edgardo Daniel Garbino– al perito oficial designado para evaluar los daños, Carlos Jaime Hartwig. Hasta ahora, la firma, “continúa sin acatar la decisión judicial”, se apuntó.
Recambio
La novedad que surgió en el último tiempo es que la gestión entrante de la Secretaría de Ambiente comenzó con algunas tratativas para tratar de resolver definitivamente el conflicto, respetando las sentencias de la Justicia.
Según confirmaron distintas fuentes, se comenzó a evaluar cómo podría darse una instancia de diálogo con los representantes de Altos de Unzué SA para que asuma un plan para que pueda cumplir con el fallo del STJ que muchos entienden “es categórico”. En este orden, se deslizó que se podría proponer un mecanismo de mediación ya utilizado por la Corte Suprema para un caso de similares características, del año 2008, por la contaminación ambiental del Río Matanza y el Riachuelo. Esto se presenta en un escenario donde los litigantes siguen resueltos a que se ejecute y se respete la decisión de la Justicia, insistiendo ante el juez Mudrovici para que impulse el desmantelamiento y remediación ordenada. En la vereda de enfrente, la empresa ha contado con el respaldo y acompañamiento en sus presentaciones de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano –jurisdicción donde se emplaza el barrio– y la Fiscalía de Estado provincial, consignó el portal Era Verde.
De todos modos, el juez debe resolver todavía qué hacer con la impugnación a la designación del perito oficial en materia ambiental para que dictamine sobre el Plan de Recomposición que Amarras invoca fue aprobado por la anterior administración de la Secretaría de Ambiente, en este fallido intento por remediar el humedal. Según Altos de Unzué SA, Hartwig “tiene dictámenes judiciales con posturas a favor del ambiente, lo que le impediría ser imparcial, según la empresa”, comentó un letrado con acceso al expediente. Entre los litigantes que encabeza Julio Majul, sigue firme la pretensión que todo este entuerto se resuelva pronto.
(elmiercolesdigital)
